Plataformas deberán bajar contenido que incite a la violencia y odio en México; Sheinbaum alista decreto

El gobierno de México presentará la próxima semana un decreto federal que obligará a las plataformas digitales a retirar de forma expedita contenidos que inciten a la violencia, discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, así como publicaciones relacionadas con suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios que pongan en peligro a la infancia y adolescencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes 9 de octubre que las empresas tecnológicas no solo deberán dar de baja dicho material, sino también reportar la detección de estos riesgos de manera directa ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.

La mandataria aclaró que, en esta etapa inicial, el marco normativo no contemplará sanciones económicas ni administrativas para las empresas que incumplan.

El objetivo central es priorizar la colaboración y el diálogo abierto, bajo el principio de que resguardar la integridad de los menores es una responsabilidad compartida.

Por su parte, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, señaló que la mayoría de las plataformas digitales ya disponen de políticas de moderación y mecanismos internos para eliminar contenidos nocivos.

La intención del decreto es coordinar estos protocolos privados con la respuesta institucional del Estado mexicano y agilizar los avisos a las autoridades de seguridad.

La publicación del decreto está programada entre el martes y miércoles de la próxima semana, periodo en el que se mantendrán mesas de trabajo con representantes del sector tecnológico para detallar los alcances normativos.

Sheinbaum enfatizó que este ordenamiento responde a un compromiso asumido tras los hechos violentos ocurridos en un plantel educativo de Coahuila.

De manera paralela, se conformará un grupo interdisciplinario con la participación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud y expertos en ciberseguridad para evaluar si en el futuro se requerirán reformas legislativas adicionales en la materia.