Sacerdote prófugo desde 2018: cae en Córdoba tras años de eludir a la justicia de Hidalgo por abuso sexual infantil

Lo que comenzó como una denuncia formal ante las fiscalías en el año 2018 encontró este 8 de octubre un punto de inflexión con la captura de Jorge N., un sacerdote de 60 años originario del estado de Durango, quien logró mantenerse oculto durante años en la zona centro del estado de Veracruz para evadir un mandamiento judicial emitido en el estado de Hidalgo.

La caída del religioso no fue producto de la casualidad, sino de un cuidadoso trabajo de inteligencia y colaboración interestatal entre la Policía Ministerial de Veracruz y agentes ministeriales de Hidalgo.

El operativo se desplegó con éxito en el municipio de Córdoba, Veracruz, donde el imputado había establecido su residencia y pretendía pasar desapercibido, desvinculándose de sus tareas litúrgicas originales tras estallar el escándalo.

La ruta legal: una causa penal congelada por la huida

El expediente en contra del clérigo se remonta al número único de caso 04-2018-610, integrado en el estado de Hidalgo por los delitos de abuso sexual agravado en agravio de dos menores de edad cuyas identidades se mantienen bajo estricta reserva legal. Debido a la gravedad de los señalamientos y la ausencia del implicado ante los citatorios judiciales, el proceso escaló hasta la emisión formal de una orden de aprehensión radicada bajo la causa penal 02/2020.

El mandamiento judicial que ahora frena la impunidad del sacerdote fue girado por Luis Carlos Gutiérrez Espinoza, juez penal de control del Segundo Circuito Judicial, con sede en Atotonilco el Grande, Hidalgo.

Durante años, la defensa legal de las víctimas exigió justicia ante el temor de que el caso quedara en el olvido institucional, dado que el imputado se refugió en territorio veracruzano, donde incluso se le vinculó de manera temporal con trámites notariales y actividades en la región de Fortín antes de ser ubicado de forma definitiva por los cuerpos de seguridad.

Traslado y debido proceso

Tras cumplimentarse la orden de captura en Córdoba, Jorge N. fue trasladado bajo un discreto pero riguroso dispositivo de seguridad hacia territorio hidalguense.

El sacerdote quedó formalmente a disposición del juez de control que lo requiere, el cual fijará las próximas horas para llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación y resolver su situación jurídica.

Autoridades ministeriales recordaron que la cumplimentación de una orden de aprehensión y la existencia formal de un proceso penal no equivalen por sí mismas a una sentencia condenatoria.

Conforme al marco legal vigente, el imputado mantiene en todo momento su derecho irrenunciable al debido proceso y a la presunción de inocencia, correspondiendo ahora a la autoridad judicial de Hidalgo desahogar las pruebas y testimonios necesarios para dictar sentencia.