Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, ingresa a la FGR tras ser detenido por huachicol fiscal

El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ingresó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México.

Al anunciarse su detención, el Ministerio Público Federal indicó que la aprehensión es resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible.

El papel de Ingemar en la investigación

De acuerdo con la FGR, esas operaciones fueron realizadas por Ingemar, empresa fundada por el propio ex gobernador. La dependencia solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La orden fue cumplimentada en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador en la historia de México proveniente de un partido de oposición al PRI. Militante del Partido Acción Nacional (PAN), gobernó el estado de Baja California de 1989 a 1995.

La red de huachicol ferroviario

El pasado 9 de julio, la FGR había dado a conocer que las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad descubrieron una red de contrabandistas de combustible de Estados Unidos a territorio nacional, que utiliza ferrocarriles para trasladar los hidrocarburos, con la aduana de Matamoros, Tamaulipas, como ruta principal de ingreso a México.

Las autoridades explicaron que este grupo, calificado como «contrabandistas ferroviarios», declaraba ante las autoridades cargamentos de aditivos o aceites, o bien reportaba gasolina o diésel en volúmenes mucho menores a los realmente transportados, o con una carga fiscal distinta, con el fin de ocultar millones de litros de hidrocarburos.

Según la información difundida, en el esquema de huachicol ferroviario participan empresas importadoras, agentes aduanales, firmas destinatarias del combustible, operadores ferroviarios y compañías encargadas de la dispersión financiera de los recursos, todos integrados para fragmentar la trazabilidad de la operación y aparentar que el producto tiene origen lícito.