Golpe jurídico en Cruz Azul: Fiscalía del Estado de México toma control de la planta cementera

Desde las 4:00 horas de este jueves 12 de febrero, un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) irrumpió en las instalaciones de la cementera Cruz Azul en Tula, Hidalgo.

El despliegue, destinado a cumplimentar una orden de restitución del inmueble, derivó en detonaciones de armas de fuego y bloqueos en los accesos principales a Ciudad Cooperativa, lo que mantiene a la población en estado de alerta.

Pobladores reportaron que camionetas blancas sin logotipos ingresaron al complejo mientras elementos de la Policía Estatal de Hidalgo y corporaciones municipales de Tula y Atitalaquia establecieron un cerco perimetral.

Testigos en la zona confirmaron el estruendo de disparos durante los primeros minutos de la incursión, mientras grupos de trabajadores vinculados a la resistencia física de la planta intentaron repeler el acceso de las autoridades mexiquenses.

Confirman toma de la planta cementera

Horas después, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo emitió un comunicado en el que informa que bajo mandato judicial, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutaron durante la madrugada de este jueves una diligencia de restitución de inmueble en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul.

La intervención ministerial responde al cumplimiento de una orden emitida por un juez de la entidad mexiquense, de acuerdo con la PGJEH que detalló que autoridades hidalguenses también participaron en el operativo.

El origen de la fractura: Guillermo «Billy» Álvarez

La crisis institucional que desembocó en los hechos de hoy comenzó en agosto de 2020, tras las órdenes de aprehensión contra Guillermo «Billy» Álvarez Cuevas por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Tras años de permanecer prófugo, la captura de Álvarez en enero de 2025 no detuvo la pugna entre dos bandos: el consejo de administración liderado por Víctor Velázquez y José Antonio Marín, y el grupo de socios encabezado por Federico Sarabia, quienes han mantenido la posesión de la planta hidalguense bajo el argumento de amparos vigentes.

Un historial de violencia y pérdidas

El complejo de Tula representa el 40% de la producción total de la cementera y es el eje económico de la región. Sin embargo, el conflicto ha dejado una estela de parálisis y tragedia:

• Abril de 2022: Un enfrentamiento masivo dejó un saldo de 8 personas fallecidas y 11 heridos.
• Impacto Económico: Las pérdidas por la inactividad y disputas legales superan los 25 mil millones de pesos, afectando directamente a más de 2,800 familias que dependen de la cooperativa.