¿Cómo una diputada en funciones de Morena terminó acusada por Estados Unidos de colaborar con el narcotráfico? La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada local de Baja California por Morena y exalcaldesa de Rosarito, por su presunta participación en una red de protección al Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos”.

Según Washington, Brown facilitó el control territorial y político del cártel en la zona costera de Baja California, fungiendo como pieza clave en una estructura que incluía a empresarios, operadores políticos y miembros activos del grupo criminal. La sanción es parte de una ofensiva mayor contra redes de narcotráfico transfronterizas encabezada por el subsecretario del Tesoro John K. Hurley.

Morena, el crimen organizado y el poder local

El gobierno de EE. UU. asegura que Brown, como alcaldesa y ahora como diputada, mantuvo una relación directa con el operador político Candelario Arcega Aguirre, quien usó su cercanía con ella para designar aliados en cargos clave del gobierno de Rosarito, y garantizar protección al grupo liderado por los hermanos Arzate, cabecillas regionales de “Los Mayos”.

La red también incluía a Jesús González Lomelí, empresario local que lavaba millones de dólares en bares y restaurantes como Bombay Beach Club y Mariscos El Caimán. Según el Departamento del Tesoro, Brown, Arcega y González recaudaban pagos de extorsión y aseguraban impunidad a través de la Dirección de Seguridad Pública del municipio.

Desde la presidencia municipal hasta el Congreso

El caso de Hilda Brown no es menor: además de ser exalcaldesa, hoy es diputada local en funciones por el partido en el poder. Su señalamiento como parte de una red que facilitó el tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción institucional coloca a Morena frente a un nuevo escándalo de presunta infiltración del crimen organizado.

Hasta ahora, ni el Congreso de Baja California ni Morena han emitido una postura pública sobre la designación de Brown por parte del gobierno estadounidense. Las sanciones congelan cualquier activo que posea en EE. UU. y prohíben toda relación financiera con ella o su entorno empresarial.