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Acusados por abuso infantil en Zimapán buscan evitar prisión preventiva
El activista Williams Arturo y la diputada con licencia Alhely Medina enfrentan proceso por abuso infantil. Intentaron, sin éxito, llevar el juicio sin prisión preventiva.
Publicado 9:57 a.m. AGO 28,2025 | Ultima Actualización 9:57 a.m. AGO 28,2025
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Activista y diputada con licencia acusados de abuso infantil intentan evitar prisión preventiva en Zimapán.
En un intento por enfrentar su proceso judicial sin prisión preventiva, el activista Williams Arturo T.L. y Bertha Eva M.H., ambos imputados por delitos de abuso sexual y violación equiparada contra dos niñas en Zimapán, presentaron un juicio de amparo que les fue negado por una jueza federal.
También está vinculada al caso la diputada con licencia Alhely Medina Hernández, exlegisladora de Morena, acusada de presunta complicidad en los hechos.
Los tres fueron vinculados a proceso el pasado 9 de julio de 2025 por su presunta participación en los hechos ocurridos en 2022, cuando, según las denuncias, las víctimas —dos menores de edad— habrían sido agredidas sexualmente en un entorno familiar.
Pese a que el juez de control Jesús Anim Ope Islas dictó prisión preventiva justificada por la gravedad de los delitos, tanto Williams Arturo como Bertha Eva solicitaron amparos para evitar ser encarcelados. La resolución judicial ratificó la medida cautelar por el riesgo de fuga y la protección a las víctimas, dejando sin efecto la solicitud de continuar el proceso en libertad.
Aunque los imputados aún cuentan con suspensiones definitivas otorgadas previamente en la Ciudad de México —las cuales los protegen temporalmente contra órdenes de aprehensión—, el fallo reciente representa un revés a su estrategia jurídica.
Alhely Medina, quien solicitó licencia indefinida a su curul en el Congreso local, también ha buscado no ser detenida. A pesar de negar ser prófuga, no ha comparecido ante las autoridades judiciales. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ya suspendió sus derechos partidistas como medida cautelar.
Este caso ha generado indignación en la sociedad hidalguense, que exige justicia sin privilegios. El proceso continúa y las autoridades estatales reiteraron su compromiso de proteger a las víctimas y hacer cumplir la ley.
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