El presidente municipal de Pachuca, Jorge Reyes Hernández, rechazó que el procedimiento administrativo de embargo iniciado contra el PRI Hidalgo tenga motivaciones políticas.

El edil explicó que se trata de una medida legal ordinaria aplicada ante un adeudo por impuesto predial acumulado de 802 mil 450 pesos, correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025.

Reyes detalló que, como con cualquier contribuyente, primero se emitió una invitación al pago. “Al no recibir respuesta, por ley se tuvo que iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE)”, afirmó.

Tribunal decidirá si se ejecuta el embargo

El dirigente del PRI en Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, acusó al gobierno municipal de actuar por revancha política. Sin embargo, el alcalde puntualizó que el caso ya está en manos del Tribunal de Justicia Administrativa.

Mientras no exista una resolución firme, el embargo no puede ejecutarse, aunque se dejó en garantía un inmueble de menor valor propiedad del partido. Reyes aclaró que en la mayoría de estos casos se resuelve con acuerdos de pago parciales, si el fallo es favorable al municipio.

El PRI no es el único: otras instituciones también adeudan

Reyes Hernández subrayó que el PRI no es el único contribuyente sujeto a este tipo de procedimientos.

Mencionó que también se han iniciado trámites similares contra empresas, instituciones educativas como la Escuela Americana, plazas comerciales en zonas como San Javier, y desarrollos residenciales.

“Este gobierno está comprometido con la recaudación justa. Nadie está exento de cumplir con sus obligaciones fiscales”, agregó.

Acercamientos previos no prosperaron

Según el alcalde, la Tesorería municipal buscó acuerdos previos con representantes del PRI, pero al no concretarse, se activó la vía legal. Si el tribunal falla a favor del ayuntamiento, se podrían pactar pagos en parcialidades, con plazos de tres a seis meses, según lo que se determine legalmente.

No hay persecución política: Jorge Reyes

Ante las declaraciones del PRI, el presidente municipal fue enfático: “Aquí no hay persecución; hay aplicación de la ley. Actuamos con transparencia, como con cualquier otro contribuyente. Estos ingresos son necesarios para infraestructura y servicios públicos”.