Durango, México – La presencia de elementos del Ejército dentro de los Consejos Municipales Electorales de Durango fue autorizada como parte del proceso electoral del 2 de junio de 2025. Según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), los militares ingresaron vestidos de civil y se desplegaron en municipios identificados con riesgo elevado de seguridad.

La medida no fue discutida en su totalidad por el Consejo General del IEPC, donde participan representantes de los partidos políticos. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre esta decisión al pleno del Consejo General.

Elementos militares en funciones no operativas

De acuerdo con voceros del IEPC Durango, los militares se mantendrán en las instalaciones sin participar en la organización del proceso, en la logística ni en el conteo de votos. La intención, según explicaron, es reforzar la seguridad en zonas con presencia de grupos delictivos o antecedentes de conflicto electoral.

Reacciones institucionales y partidistas

Algunos representantes de partidos políticos han solicitado mayor claridad sobre la naturaleza del acuerdo que permitió el ingreso de personal militar. También se han pedido garantías para preservar la neutralidad del proceso y evitar cualquier interferencia en la autonomía de los órganos electorales.

Organizaciones civiles y especialistas observan el caso

Agrupaciones como Article 19 y el Instituto Nacional de Estudios Electorales manifestaron preocupación por el precedente que representa esta medida. Han señalado el riesgo de que elementos ajenos a la función electoral permanezcan en espacios donde se toman decisiones vinculadas al voto ciudadano.

Contexto nacional de participación militar en tareas civiles

La decisión se inscribe en un escenario más amplio, donde las Fuerzas Armadas tienen presencia en actividades civiles como seguridad pública, aduanas y proyectos de infraestructura. El caso de Durango será observado por misiones nacionales e internacionales durante la jornada electoral, en particular para verificar que se garantice el derecho al voto libre, secreto y sin presiones externas.

Postura del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha emitido una postura oficial respecto a este caso. No obstante, fuentes internas han señalado que se da seguimiento a la situación, especialmente por el precedente que podría representar en otras entidades.