Hidalgo está dejando de ser un territorio de paso para convertirse en una pieza clave del rompecabezas criminal del país. La presencia activa de dos de los grupos más poderosos del narcotráfico —el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y operadores sinaloenses— ha quedado al descubierto en menos de una semana. Los recientes hallazgos no solo revelan un cambio de escala en las operaciones criminales en la entidad, sino también una aparente capacidad institucional limitada para contener esta expansión.

Un triángulo de combustible, droga y lavado: CJNG y sus operadores en Hidalgo

La alerta internacional vino desde Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres miembros del CJNG, entre ellos a Remigio Morfín, a quien se identifica como el responsable de suministrar combustible robado desde Hidalgo. Junto con César y Álvaro Morfín, los tres forman parte de una red binacional que trafica gasolina, diésel y drogas sintéticas, con ramificaciones en Tamaulipas y vínculos directos con “El Menchito”, hijo del líder del CJNG.

El señalamiento no es menor: el gobierno estadounidense coloca al robo de combustibles como la segunda actividad más lucrativa del narcotráfico después de las drogas. Lo delicado es que uno de los puntos de origen de este combustible es Hidalgo.

El contrabando descrito involucra crudo que cruza la frontera con apoyo de empresas fachada y termina en el mercado energético de Estados Unidos, en donde se lava el dinero antes de ser enviado de vuelta a México. Un circuito criminal completo, con epicentro logístico en territorio hidalguense.

Acaxochitlán: el laboratorio sinaloense que expuso otra cara del narco

Tres días antes de este anuncio, la Secretaría de Seguridad de Hidalgo anunció el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Acaxochitlán, en la región de la Sierra Otomí-Tepehua. Ahí se producían metanfetaminas en estado sólido y líquido, con más de 6 kilos y 120 litros asegurados.

Según la versión oficial, el laboratorio fue montado y operado por sujetos originarios de Sinaloa. Aunque las autoridades estatales no identifican una conexión directa con el Cártel de Sinaloa, el hecho de que los operadores provengan de ese estado apunta a una diversificación de las rutas y capacidades de grupos criminales más allá de sus bastiones históricos.

El laboratorio fue asegurado junto con armas de alto poder, vehículos robados y dos detenidos —ambos originarios de Hidalgo— que enfrentan acusaciones por narcomenudeo con fines de comercio. El resto del caso fue turnado a la Fiscalía General de la República.

¿Narcotráfico diversificado o doble ocupación territorial?

Más que hechos aislados, los dos eventos colocan a Hidalgo en el mapa del crimen organizado de alto impacto. Mientras el CJNG aparece vinculado a redes de extracción y tráfico de combustibles, los operadores sinaloenses introducen laboratorios de producción de drogas sintéticas. Una combinación explosiva que multiplica los riesgos para la seguridad pública, la estabilidad institucional y la vida cotidiana en el estado.

En ambos casos, los grupos criminales no solo operan con logística y estructura avanzada, sino que además han encontrado en Hidalgo un punto estratégico: por sus rutas de tránsito, su cercanía con el Valle de México y, aparentemente, por su bajo nivel de contención institucional.

¿Y el Estado?

El discurso oficial intenta deslindarse: no se reconoce operación directa de carteles establecidos, se habla de “sujetos originarios” y se limita la narrativa al narcomenudeo. Pero los hechos apuntan a algo más complejo. Con operadores del CJNG y del narco sinaloense actuando simultáneamente en el estado, la pregunta que queda es si el gobierno estatal tiene la capacidad —o la voluntad— de enfrentar lo que ya no parece una excepción, sino una nueva normalidad en Hidalgo.